Ecuador despide a los CEO de las 13 principales empresas públicas del país, incluyendo Petroecuador, por caso de corrupción
La petrolera estatal es la mayor empresa del país, con activos por cerca de US$ 10 mil millones, pero su gestión ha estado marcada por diversas denuncias de malos manejos.
Los escándalos por casos de corrupción en América Latina no paran. A los sonados Lava Jato, en Brasil; Vialidad, en Argentina; y Odebrecht, que salpicó a toda la región, se suma uno nuevo en Ecuador. ¿El resultado? Trece gerentes generales de las principales empresas estatales del país despedidos por eventuales irregularidades administrativas.
El escándalo que llevaba varios días fraguándose, estalló finalmente en las últimas horas, luego de que en la cuenta oficial de Twitter de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), se diera a conocer que el presidente del directorio de esa institución, Joaquín Ponce, había solicitado a la Contraloría General del Estado “el inicio de un Examen Especial a los procesos administrativos y financieros, desde el 21 de julio de 2021 hasta la presente fecha, de las empresas públicas”.
Inmediatamente después, la misma institución, y por igual medio, publicó un oficio de cuatro páginas en el que por orden del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se solicitaba a 13 gerentes generales, de igual número de empresas estatales, poner sus cargos a disposición.
La medida incluye a Petroecuador, la mayor empresa del país, con activos cercanos a US$ 10 mil millones y un presupuesto de US$ 4.500 millones, pero que desde hace tiempo ha estado marcada por denuncias de corrupción. A fines de 2022, Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido en Estados Unidos, donde está siendo ahora procesado por lavado de activos.
La lista de ejecutivos
Además del director ejecutivo de la petrolera estatal, Hugo Aguiar, la lista incluye a Ángel Urquillas, CEO de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec); Antonio Icaza, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Agustín Reyes, de la Empresa Nacional Minera (Enami); Oswaldo Rosero, de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); John Mackliff, de la Empresa Pública del Agua (EPA); y Ralph Suástegui, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
A ellos se suman además, Byron Machuca, de Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); María Verónica Alcívar, del Servicios Postales del Ecuador; Rafael Castillo, de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador; Aníbal López, de la Empresa de Municiones Santa Bárbara; Julio Vásquez, de Creamos Infraestructura; y finalmente Carlos Guayaquil, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
Las últimas medidas fueron anunciadas un día después de que el presidente Guillermo Lasso ordenara que se localice al expresidente de EMCO, Hernán Luque y al ciudadano Rubén Chérrez, a quienes se les atribuyen varios audios que se hicieron públicos y en los que hablan de recibir pagos.
Aunque los ejecutivos ya pusieron sus cargos a disposición, la renuncia no se hará efectiva de manera inmediata, y las autoridades tendrán dos semanas para evaluar sus casos, al cabo de las cuales decidirán cuáles merecen ser aceptadas y cuáles rechazadas.